Junto a la hiperoferta de juegos de azar legales existentes en nuestro país, con la comercialización de distintos productos,ofrecidos tanto por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) como por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), así como por otros operadores privados autorizados (que explotan las máquinas B, casinos, bingos, juegos online...) se entremezcla diariamente la oferta de juego ilegal, que incumple la normativa estatal y autonómicas en materia de juego.

 

La Organización Impulsora del Discapacitado (OID), que nació en Cantabria en 1994, es uno de estos casos en la venta ilegal de boletos. Pero es un caso especial. Según reza su propia página web, mantiene en estos momentos 100 delegaciones en distintas capitales de provincia y otras poblaciones menores. La evolución de las ventas anuales estimadas de la OID es ascendente año tras año, pasando de alrededor de 46,5 millones de euros recaudados en 2010 a los cerca de 67 millones de euros estimados en 2014, así como el número de vendedores utilizados, 1.878 en 2010 y 2.800 el año pasado; esto representa en torno al 80% de todo el juego ilegal que se vende en España.

 

 

Resulta sorprendente que esto lo haya conseguido a pesar de las numerosas sentencias judiciales y las distintas resoluciones que las comunidades autónomas han dictado durante todos estos años reconociendo su carácter ilegal. El último hito destacable a nivel nacional es la sanción de 25 millones de euros que el pasado mes de diciembre le impuso la Dirección General de Ordenación del Juego estatal, por una infracción muy grave de la Ley de regulación del juego. Quizá, esta sanción, ejemplar por su cuantía y por su claridad en la exposición de la situación, pueda servir para erradicar de una vez y para siempre las actividades ilegales de todas estas organizaciones, aunque para ello será preciso una actuación mucho más contundente de los actores implicados: los poderes públicos, los cuerpos y fuerzas de seguridad y, en último término, los tribunales de justicia, quienes deberán aplicar la ley y hacer cumplir las resoluciones administrativas y judiciales con la OID o con el resto de organizaciones de juego ilegal, y aplicar la misma contundencia que muestran para perseguir otras actividades también ilegales.

 

Más de veinte organizaciones, que actúan bajo diferentes siglas y denominaciones, ofrecen diariamente sus productos ilegales de juego por las distintas comunidades autónomas. Se calcula que puede haber en España unos 3.900 vendedores ilegales que en 2014 pudieron recaudar más de 84 millones de euros. Ese dinero del juego ilegal, no cumple con los compromisos ni requisitos que se exigen a los operadores estatales de lotería, cuyos beneficios revierten, de una u otra forma en la calidad de vida y bienestar social de todos los ciudadanos. 

 

 

Estas organizaciones actúan bajo el señuelo siempre de "ayudar a personas con discapacidad" con lo que confunden a muchos de los compradores que, en la mayoría de casos adquieren los boletos en la creencia de que se trata de juegos de la ONCE, dada la similitud de los boletos impresos, así como el aprovechamiento del sorteo diario de esta organización para colocar sus productos fraudulentos. Esta situación ha sido denunciada por los distintos CERMIS (plataformas representativas del sector de la discapacidad), que representan al 95% de los 3,8 millones de personas con discapacidad y a las cerca de 7.000 asociaciones del tejido social de la discapacidad existentes en nuestro país.

 

La oferta de juego ilegal actúa muchas veces ante la permisividad de las autoridades, incumpliendo sus obligaciones fiscales o de la Seguridad Social, precarizando y subempleando a personas que, bien con una discapacidad, o bien en otra situación de vulnerabilidad como inmigrantes o personas con escasos recursos económicos, son pasto de la explotación.

 

A esto se añade la indefensión y el engaño a casi 100.000 consumidores que diariamente adquieren estos productos no autorizados, que en ciertos casos no garantizan los premios que hipotéticamente se ofertan dado que este tipo de juego no se somete a ningún tipo de control en cuanto a su volumen de ventas, volumen de emisión, precio, porcentaje destinado a los premios, la distribución de éstos, etc. Por el contrario, lo recaudado por estas organizaciones ilegales no se sabe dónde va a parar. O sí, presuntamente al bolsillo de algunos de los responsables de sus estructuras, o para el montaje de sociedades instrumentales o interpuestas para desviar los fondos amparándose en la caridad mal entendida hacia las personas con discapacidad, sin que haya quedado acreditado ninguno de los beneficios que supuestamente ofrecen a este colectivo.

 

(*) Artículo publicado en elmundo.es